La competitividad en los estados es uno de los temas pendientes de los tres niveles de gobierno.
El Instituto Mexicano para la Competitividad confirmó que, tras un escenario de pandemia que paralizó la economía, las entidades no han logrado fortalecer sus capacidades en ámbitos públicos y privados para generar un mejor contexto de desarrollo.
En la última edición de la evaluación del Índice de Competitividad Estatal, el IMCO confirma que se han debilitado los sectores salud, educativo y de seguridad, al tiempo que se han complicado la generación de empleo y de inversiones en perjuicio del aprovechamiento de las capacidades productivas regionales e impactando en las familias.
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Zacatecas son considerados los estados menos competitivos de México, señala el informe en el que se evalúan los siguientes indicadores: Tecnología (centros de investigación y patentes), Turismo, Conectividad, Economía, Mercado laboral, Seguridad, Uso de recursos naturales, Inclusión, salud y educación, Democracia y Gestión gubernamental.
En una coyuntura en la que la política oficial del gobierno federal se basa en ser buena onda, el desarrollo de las entidades se deteriora principalmente en el sur sureste, donde oficialmente se concentra la inversión pública.
Destaca el caso de Guerrero, donde no existe un mega proyecto de inversión federal y cuyos indicadores como creación de fuentes de empleo formal y productividad, se redujeron durante el primer trimestre de 2022, lo que coincide con la tendencia evidenciada por el IMCO en materia de competitividad.
En contraste, indicadores como informalidad, pobreza y desigualdad laboral se incrementan, además de las complejidades que enfrenta la entidad en materia de seguridad.
Y si a eso se le agrega que quienes resultaron ser los principales críticos del Plan Estatal de Desarrollo que envió al Congreso de esa entidad la titular del Poder Ejecutivo local, fueron los diputados pertenecientes al partido en el poder, pues la situación se omplica.
La pregunta central es: ¿qué hacer para revertir una tendencia de debilitamiento de la capacidad productiva que afecta directamente el desarrollo desde las entidades federativas? La pregunta consecuente es: ¿en qué momento o circunstancia se revertirá esta situación o, de lo contrario, cuál será el costo social que implique?
Antonio Jiménez Gómez 