Antonio Jiménez Gómez
Transparencia Internacional confirmó que, lejos de avanzar, México está empeorando en la percepción de corrupción, contrario al discurso del oficialismo que día a día se repite y que ha formado parte de la narrativa del ahora Presidente de México desde hace muchos años.
La realidad confirma otra situación diferente al discurso oficial, que no se limita a la percepción ciudadana, sino se apuntala con hechos: la constante caída del sistema de compras gubernamentales Compranet, la manipulación y falta de reglas de operación de programas sociales.
También el aumento en compras directas sin licitación, la negativa sistemática a la transparencia y la rendición de cuentas, ahora con el socorrido argumento de que se trata de asuntos de seguridad nacional, entre otros pretextos.
Pero no todo es culpa de las instituciones o de quienes la representan e integran. También es de la ciudadanía.
Apenas en septiembre pasado, Francisco Raúl Álvarez Córdoba, presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), admitía que poco había cambiado desde que se implementó ese sistema que se ha observado que la situación en esta materia no ha cambiado desde que se instauró este sistema por la poca participación de la sociedad.
Mientras no se cuente con mayor participación de la sociedad para la lucha de la corrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción únicamente procrastinará y simulará, pero no podrá contener las problemáticas en la materia, ya que esta misión requiere de la suma de ciudadanos que exijan la rendición de cuentas, refería Francisco Raúl Álvarez.
Otro aspecto pega al real combate a la corrupción y se enfoca a la persecución a modo de presuntos responsables de la misma, ya que mientras a algunos se les condena mediáticamente y no se procede en su contra, a otros sobre los que pesan fuertes señalamientos se les ofrece trato de “testigos protegidos”.
Esto ocurre en un contexto en el que siguen dándose escandalosos casos de corrupción, lo que confirma que ésta no se acaba por decreto presidencial o por cambio de partido en el gobierno, sino que debe ser un proceso evolutivo de las instituciones y sí, de una creciente participación de la ciudadanía para exigir una mayor rendición de cuentas.
Segalmex es el mayor ejemplo de que la corrupción prevalece de manera escandalosa. Fundada en el actual periodo de gobierno federal — 18 de enero de 2019–, se convirtió en epicentro de una red de corrupción, que implicó la entrega de convenios multimillonarios, el extravío de estados financieros, el otorgamiento de contratos a empresas fachada vinculadas con desarrollos inmobiliarios de lujo y el desperdicio de miles de toneladas de maíz.
Mucho se ha escrito en torno a la llamada “Estafa Maestra”, esquema de corrupción desarrollado durante el pasado gobierno federal que implicó el desvío de por lo menos 7 mil millones de pesos. Pero Segalmex, en menos de cuatro años implica un daño superior a los 12 mil millones de pesos.
La corrupción existe y continuará así en la medida en que la sociedad no asuma su rol de corresponsable en ese grave problema que carcome instituciones y afecta a todo el país.
No debe ser sólo un elemento discursivo para utilizarse a modo en la narrativa del oficialismo, es una bandera que debe recuperar la sociedad para actuar y fortalecer el entramado institucional que costó mucho trabajo y años de lucha su integración.
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Antonio Jiménez Gómez 