La justificación oficialista de la reforma electoral previo a los comicios presidenciales de 2024 es que los consejeros electorales y el INE gastan muchos millones de pesos.
Sin embargo, en un país donde los partidos políticos tienen los menores índices de confianza ciudadana, son estas instituciones las que obtienen un presupuesto multimillonario y, en contraste, en casos como el de Morena el incumplimiento en materia de transparencia en el uso de recursos públicos es preocupante.
Un estudio realizado por el Instituto Mexicano dela Competitividad (IMCO) señala que casi uno de cada tres presos que gasta el INE se van hacia los partidos políticos.
Para el IMCO como para otros especialistas, lo más caro de la democracia mexicana que son los partidos políticos, a los que no se les toca su presupuesto en la reforma electoral del Presidente.
Por el contrario, la reforma denominada Plan B —luego de que no prosperó la reforma constitucional que promovió el oficialismo— sólo cercena la estructura operativa del INE, desarticula su función fiscalizadora y pretende que actividades que dan garantía de certeza y legalidad a los procesos electorales ya no las realice el órgano autónomo, sino el gobierno.
Así las cosas, tras la aprobación del Plan B en el Senado mexicano el pasado miércoles 22, lo que yes es confiar en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no cederá a los amagos del oficialismo y mantendrá la legalidad del sistema electoral mexicano, el mismo que llevó al poder al actual Presidente, a más de una decena de gobernadores de su partidos y a cientos de diputados federales y locales, alcaldes y otras autoridades.
Antonio Jiménez Gómez 