Antonio Jiménez Gómez
Tan importante como gestionar una crisis es gestionar las percepciones. Al final, es lo único que la gente recuerda.
Esta afirmación aplica a la coyuntura que vive México.
Hipócritas, trasnochados y otros calificativos de ese tipo fueron usados por el Presidente de México y el secretario de Gobernación para referirse a quienes promovieron y participaron en la marcha contra la reforma electoral del oficialismo; es decir, contra quienes no piensan como ellos.
A la presidenta del Perú que sustituyó a un personaje ligado por lazos de amistad y coincidencia ideológica, la llamó espuria, lo que ya derivó en un conflicto con aquél país.
Al ministro nen retiro, José Ramón Cossío, la cabeza del oficialismo lo calificó de corruptazo, conservador e hipócrita.
A quienes se han referido al segundo plagio confirmado en una tesis de titulación de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afín al oficialimo también se les vituperó.
Y todo esto en una sola semana.
Y es que la narrativa gubernamental no logra recuperarse de la pérdida de la agenda mediática que le representa el imparable aumento de precios de productos básicos, los escándalos de sus proyectos emblemáticos como el Tren Maya, el AIFA y la necia intención de que la planta de Tesla no se construya en Nuevo León (estado gobernado por la oposición al régimen), sino en el sureste donde no existen las condiciones de gobernabilidad ni viabilidad técnica, financiera y logística.
Y para colmo, el juicio contra el ex secretario de seguridad mexicano Genaro García Luna duró mucho menos de lo previsto y todo se limitó a declaraciones, que le han bastado al régimen para darle respiración oficial a su discurso de que todo es culpa de los que estuvieron, a pesar de que ya estamos en el quinto año de su administración.
Y por más que se trata de acusar a todo el que piensa diferente al régimen de que son defensores de García Luna, la realidad es que la narrativa oficial continúa perdiendo y no sólo no recupera el control de la agenda mediática, sino que la tradicional polarización promovida desde el poder es cada día más insultante y agresiva, directa y copiosa.
El discurso oficial promueve percepciones que lejos de contribuir al manejo de la crisis, la agravan, la ahondan, la complican. La tendencia corre el riesgo de ser irreversible en la medida en que se pretende ganar en los medios de información lo que no se puede legitimar jurídicamente.
La gestión de la crisis provocada por el denominado “Plan B” electoral no se ha orientado al control de daños, sino a la imposición, a la confrontación y a la descalificación, desde quienes constitucionalmente tienen la obligación de hacer lo contrario.
Si bien las reglas no escritas del poder señalan que quien lo detenta estará dispuesto a hace lo que sea para conservarlo, las consecuencias de lo que hoy ocurre puede derivar en el desbordamiento de varios conflictos sociales que ni con becas, pensiones y apoyos sin control ni transparencia se van a poder contener.
Lo que ocurre actualmente en México permitirá escribir varios capítulos en los libros dedicados a la gestión de conflictos y manejo de crisis. Al tiempo.
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Antonio Jiménez Gómez 