
Antonio Jiménez Gómez
El deterioro del tejido social, el costo de la vida y las crisis de los medios de subsistencia, así como los problemas y desastres derivados del deterioro del medio ambiente constituyen los principales riesgos para México y el mundo en un periodo de 2 a 10 años.
Así lo alertó el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) en el Informe de Riesgos Globales 2023, el cual confirma la fragilidad del entorno en que viven 8 mil millones de personas, y del cual México, no escapa.
La siguiente década, de acuerdo a las conclusiones a las que llegaron 12 mil ejecutivos de 121 economías y mil 200 especialistas consultados por el WEF, será: única, incierta y turbulenta.
Por una parte, se destaca en el reporte el regreso de viejos riesgos como la inflación, la crisis derivada por el incremento en el costo de la vida, los conflictos comerciales, la fuga de capitales de mercados emergentes, la confrontación geopolítica y una creciente inconformidad social. Estos escenarios fueron agravados como consecuencia del estancamiento económico causado por casi tres años de pandemia y la guerra entre Ucrania y Rusia.
Estos riesgos se combinarán con una tendencia de bajo crecimiento de las naciones, la reducción de la inversión global y una creciente desglobalización, la disminución de los niveles de desarrollo humano –después de décadas de progreso—el desarrollo acelerado y sin restricciones de las tecnologías para uso civil y militar lo que a su vez incrementará el ciber crimen y la ciber inseguridad.
Pero los factores que más peso tienen son los vinculados al cambio climático, el calentamiento global y el deterioro y colapso de ecosistemas en amplias zonas del mundo.
La información, como muchos otros reportes globales sobre riesgos. Es preocupante. Recientemente, la Cumbre Mundial sobre Medio Ambiente también alertó sobre las consecuencias del deterioro climatológico en la sociedad. Sin embargo, estas alertas en poco o nada se traducen en cambios de políticas públicas.
Casos como Guerrero o Oaxaca, con amplios niveles de marginación y elevada vulnerabilidad, representan una potencialización de los factores de riesgo referidos.
Incidentes como la sequía que afectó a varios estados del norte en 2022, sismos, el encarecimiento de la canasta básica y el quiebre del tejido social en amplias zonas de todo el país, también inciden como potenciadores de esas situaciones de alerta.
Y las preguntas son las mismas: ¿qué hacer? ¿a quién le toca tomar las decisiones? ¿qué debe cambiar y cuánto tardará en concretarse?
Una situación es real y brutal: amplios sectores de la sociedad mexicana requieren urgentemente tomar conciencia de su vulnerabilidad y no esperar a ser afectados para entenderlo. No se trata de discusiones ideológicas ni valoraciones acerca de cuál modelo de gobierno es más o menos efectivo para tal o cual problema social o político.
Se trata de un cambio de paradigma que debe impregnar los tres niveles de gobierno, concretándose en políticas, estrategias y planes de trabajo, aglutinando variables para su atención de manera transversal y complementaria.
No es una competencia de quién dice más o menos cada día. Se trata de tomar decisiones, asumir costos, enfrentar la vulnerabilidad y actuar, porque conforme pasa el tiempo las consecuencias serán peores.
